Los “independientes”: riesgos y oportunidades
La posibilidad de las candidaturas independientes a nivel federal se concretó apenas un año y 15 días antes de la elección del pasado 7 de junio, pues la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales que las hizo posibles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014; mientras en el caso de Nuevo León la aprobación de la legislación secundaria se publicó en el Periódico Oficial del estado el 8 de julio del 2014, con lo que escasamente habían pasado 11 meses antes de la elección.
A pesar de ello, la posibilidad despertó el interés de al menos medio millar de ciudadanos que intentaron obtener su registro para los diferentes puestos de elección popular en la renovación total de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; de 9 gubernaturas estatales; 660 diputados locales de 17 Congresos estatales; y 1,009 ayuntamientos en 17 entidades federativas.
De los 500 ciudadanos que intentaron dicho registro, lo consiguieron 125 (3 candidatos a gobernador –Baja California Sur, Campeche y Nuevo León--, 79 para alcaldes o jefes delegacionales, 22 para diputados federales y 29 para diputados locales), es decir, la cuarta parte de los que lo intentaron, porcentaje que es alto si se considera los excesivos requisitos que se les habían impuesto, en las diversas legislaciones; de los que consiguieron participar en la contienda, 6 obtuvieron el triunfo, es decir, el 5%.
Obtuvieron el triunfo 1 candidato a gobernador, 3 candidatos a alcaldes, 1 candidato a diputado federal y 1 candidato a diputado local. De éstos únicamente (el candidato a diputado local de Jalisco Pedro Kumamoto) no tiene ningún pasado partidista; los otros 5, ya habían ocupado puestos de elección popular postulados por algún partido político y rompieron con dichas fuerzas políticas por diversas razones.
Para entender el fenómeno de las candidaturas independientes en México vale la pena tomar en cuenta el alto grado de desprestigio que tienen estos institutos políticos entre la ciudadanía. En la Quinta Encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup 2012), levantada por el INEGI en el 2012, los partidos políticos obtuvieron una calificación de 4.4 puntos sobre 10, únicamente por encima de la policía que obtuvo 4.3.
En el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, realizado en 2014 por el entonces Instituto Federal Electoral junto con El Colegio de México, únicamente el 19% de los ciudadanos encuestados señalaron confiar en los partidos políticos y compartían la última posición con los diputados. De acuerdo a dicho informe el problema se acentúa entre la población de 18 a 29 años de edad, donde el 52% de los jóvenes no se identifica con ningún partido político.
Latinobarómetro 2013 (la última disponible en Internet) encuesta levantada en 17 países del continente por la organización del mismo nombre, indica que en México el 45% de los entrevistados señalaron que “La democracia puede funcionar sin partidos políticos”, siendo el porcentaje más alto en la región, 14 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano de 31%.
En este escenario las posibilidades de éxito de los candidatos independientes aumentan de manera importante, como lo muestran los resultados expuestos en los párrafos precedentes, sin embargo, también es evidente que deben confluir varios factores para lograr el triunfo.
Concretamente en el caso de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, quien logró ganar la gubernatura de Nuevo León, con casi el 49% de la votación total, contra 23.5 de su más cercana perseguidora, Ivonne Álvarez, abanderada de la "Alianza por tu Seguridad”, coalición encabezada por el PRI; y 22.5 de Felipe de Jesús Cantú, postulado por el Partido Acción Nacional, al hartazgo con los partidos políticos tradicionales se sumaron, al menos, otros 4 factores: los crecientes e impunes escándalos de corrupción y conflictos de interés de los gobiernos estatales y federales; el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población neoleonesa por los altos índices de inseguridad en la entidad; los malos procesos de selección interna de las candidaturas de PRI y PAN; y, desde luego, una buena campaña de parte del candidato ganador.
Sin que el orden signifique una valoración del impacto que tales factores tuvieron en el resultado electoral, las denuncias públicas de un acelerado enriquecimiento de Humberto y Alejandro Medina, padre y hermano de Rodrigo Medina, actual gobernador de Nuevo León, se intensificaron en el momento mismo en que iniciaron las campañas electorales y ninguno de los involucrados tuvo una respuesta contundente para deslindarse de dichas acusaciones, con lo cual la imagen de un gobierno corrupto estuvo presente entre la ciudadanía.
El tema se arraigó más entre la población porque coincidió con una intensa campaña publicitaria del propio gobierno estatal para promocionar lo que consideraban la gran obra hidráulica, que permitiría garantizar el abasto de agua del área metropolitana de Monterrey, denominado Monterrey VI (proyecto que implica bombear agua desde la cuenca del Río Pánuco, a varios cientos de kilómetros de distancia) y cuyo contrato fue otorgado a un consorcio en el que participa la Constructora Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, contratista que le vendió la casa a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
A la par que se denunciaba el enriquecimiento desmedido de la familia del actual gobernador, la población padecía los estragos de la inseguridad y, por lo tanto, un deterioro en su calidad de vida, pues si bien es cierto que los mayores niveles de inseguridad se presentaron en el 2010 y el 2011, todavía es fecha que no se logran alcanzar los bajos índices delictivos previos al 2007. La inseguridad alcanzó absolutamente a todos los sectores poblacionales y, prácticamente no hay familia neoleonesa que no haya sido víctima de algún delito en el último sexenio.
A pesar de todo lo anterior a principios de este año, antes de que concluyeran los procesos de selección interna de los partidos políticos, todas las encuestas mostraban que el PRI encabezaba las preferencias electorales, aunque con porcentajes sustancialmente menores a los que tradicionalmente obtenía dicho partido. Sin embargo, los resultados de los ejercicios demoscópicos los llevaron a menospreciar a sus eventuales opositores, particularmente al candidato independiente a quien no le daban posibilidades reales de triunfo.
El tricolor optó por una candidata de unidad y aunque el resto de los aspirantes a dicha candidatura se disciplinaron, provocó descontento entre la militancia del partido; pero lo peor fue que el procedimiento se repitió en todo el resto de los puestos de elección popular, postulando a priistas del primer círculo del actual gobernador, dejando sin posibilidades a todo el resto de los grupos políticos al interior del mismo partido en el gobierno. Esto, desde luego, acrecentó la inconformidad interna.
Por otra parte, los estrategas de la campaña de la candidata a gobernadora tomaron varias decisiones equivocadas (como el negarse a participar en los primeros debates públicos entre candidatos) y las limitaciones personales de la candidata para responder ante situaciones adversas, también empezaron a impactar la intención de voto.
Mientras tanto, los panistas optaron por un proceso interno que permitía el voto directo de su militancia, pero que era evidente que estaba totalmente controlado por la dirigencia estatal, lo que provocó que únicamente se inscribieran dos candidatos para dicha contienda. Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, quien le disputaba en las encuestas el triunfo a Ivonne Álvarez y que contaba con el respaldo de la cúpula blanquiazul; y Felipe de Jesús Cantú, ex alcalde de Monterrey. Un conflicto de Arellanes con los líderes panistas de la entidad finalmente permitió que el candidato fuese Cantú.
Al inicio de las campañas electorales, en marzo del presente año, de acuerdo a la encuesta del diario regiomontano El Norte, Álvarez encabezaba las preferencias electorales con el 34% de las mismas; le seguía, Cantú con 26%; y Rodríguez estaba en el tercer lugar con 15, es decir, menos de la mitad que su opositora. En abril, Álvarez prácticamente se mantuvo, con 33; Cantú, en 24; y Rodríguez, llegó a 22%. Y para mayo, ya se encontraba a la cabeza con 29%, otros 7 puntos porcentuales más y prácticamente el doble de los 15, que había obtenido en la primera medición; en segundo, Álvarez con 27, ya 7 puntos abajo del arranque; y Cantú, en tercero con 22.
En la tercera encuesta, a inicios de mayo, los candidatos del PRI y el PAN ya se encontraban prácticamente en los porcentajes de votación que finalmente obtuvieron, el que seguía registrando abajo del porcentaje final era Rodríguez.
Esta evolución, entre otras cosas, también se vio impactada por el cuarto factor: Rodríguez fue el único de los candidatos que claramente tuvo una narrativa de su campaña, que lo posicionaba como el eventual gobernador dispuesto a enfrentar el statu quo tal como había hecho cuando, como alcalde de García (2009-2012), había desafiado al crimen organizado, sufrido dos atentados en los cuales habían perdido la vida algunos de los miembros de su equipo de seguridad. Es decir, era la opción de cambio, que llegaría sin ningún compromiso previo a la gubernatura y que estaría dispuesto a castigar la corrupción y desafiar al sistema de partidos.
Además de ello tuvo la capacidad de salir al paso de los diversos ataques que las televisoras y la candidata tricolor le lanzaron a lo largo de la campaña, particularmente a partir del momento en que se convirtió en una amenaza real. En este caso la guerra de denostaciones en su contra se revirtió a su favor, pues la ciudadanía percibió que tenía posibilidades reales de triunfo y por ello lo atacaban; en contrapartida, las denuncias de enriquecimiento contra la familia del actual gobernador cobraban fuerza y menguaban el apoyo electoral a su partido, por el evidente manejo patrimonialista de las candidaturas a los puestos de elección popular.
Finalmente, triunfa Jaime Rodríguez, lo que genera muchas expectativas de cambio para la población neoleonesa, que ya sufrió una decepción con la primera alternancia en 1997, ya que no percibió una gran diferencia en la forma de gobernar entre priistas y panistas, precisamente por ello decidió volver a los tricolores con la esperanza de que hubiesen aprendido la lección.
Las oportunidades de Rodríguez son muchas, pues efectivamente llega sin las ataduras partidistas –que en el caso mexicano implican satisfacción a las clientelas electorales, posiciones en el gabinete comprometidas y, eventualmente, compromisos de no agresión con su predecesor— por lo cual tendrá mayor libertad para la conformación de su gabinete y la búsqueda de construir una nueva institucionalidad que le permita transformar el ejercicio del poder y el control ciudadano de la autoridad, que es precisamente donde no se ha podido transitar en la democracia mexicana, que se ha visto limitada al ámbito electoral.
Sin embargo, se desconoce qué tipo de compromisos y con quién –si es que los hizo— le permitieron ganar la contienda electoral y, por lo tanto, no es muy claro todavía cuál es su margen de acción frente a los factores reales de poder, en un estado en el que los empresarios todavía hacen oír su voz. Por otra parte, es una realidad que tendrá que trabajar con un Congreso local, en el que en el mejor de los casos tendrá a 4 legisladores de los 42 que lo conforman, que se pueden decir aliados a su causa, ya que llegaron postulados por el partido Movimiento Ciudadano y, por lo tanto, son cercanos a Fernando Elizondo, que renunció a su candidatura para sumarse a la de Rodríguez.
Una buena parte de sus votantes lo respaldaron bajo la esperanza de que si ganaba lograría enjuiciar penalmente al gobernador y su familia, pues la percepción ciudadana de una corrupción galopante en el ejercicio de la función pública es alta y creciente.
Así, en el ámbito de las oportunidades su llegada permite sacudir un sistema de partidos que está totalmente alejado de la ciudadanía y es asociado –sin importar el partido— por la población con la corrupción, el clientelismo y el patrimonialismo; y abre la posibilidad de impulsar un verdadero programa anticorrupción, en el que se privilegie la transparencia y la rendición de cuentas, lo que permitiría impulsar la transformación del ejercicio del poder en México.
Mientras tanto, los riesgos provienen de las resistencias y el poder que todavía tienen los partidos tradicionales tanto en el Congreso del Estado y en el sistema político nacional, que seguramente se opondrán a las reformas de fondo, especialmente si significan la afectación de sus privilegios; y, desde luego, las ambiciones mesiánicas que todo triunfo basado en las cualidades individuales, despierta.
Particularmente, esto último aunado a los resultados de las encuestas de cultura política referidas en los primeros párrafos, se convierten en una mezcla muy peligrosa, pues de acuerdo a las mismas una mayoría ciudadana desprecia la democracia, sus valores e instituciones, lo que puede conducir a prácticas autoritarias, eventualmente muy efectivas en el corto plazo, pero muy costosas en el mediano y largo plazos.
Los llamados candidatos independientes abren grandes expectativas en esta primera incursión en la política mexicana, pero su impacto en el sistema de partidos y, a través del mismo, en el sistema político mexicano, son todavía una gran interrogante. Haber iniciado la travesía con el Ejecutivo estatal, puede ser una buena opción para conocer sus verdaderos alcances.
